Al remontarnos a la década de 1970, Antioquia vivía una especial época de transformaciones y de una excepcional turbulencia social y económica que impulsaron los deseos de las clases dirigentes antioqueñas de consolidar en el oriente del departamento megaproyectos de vanguardia. La construcción de un nuevo aeropuerto con mayor capacidad y con expectativas internacionales se estaba gestando en las inmediaciones del municipio de Rionegro. Igualmente, se desarrollaba la construcción de una importante autopista que conectaría a los dos grandes centros industriales, comerciales y políticos del país, Bogotá y Medellín; y finalmente, con la necesidad de obtener mayor potencial y mejorar la distribución de la energía eléctrica del país se llevaría a cabo la construcción de un embalse en el municipio de El Peñol y en los municipios de Guatapé, San Rafael y San Carlos prioritariamente.  Así, el aeropuerto José María Córdova, la Autopista Medellín-Bogotá y el embalse representaría alternativas viables de desarrollo y competitividad para la región. Sin embargo, también ocasionaría grandes impactos  ambientales, socio económicos y culturales en la población.

Francisco Ocampo Aristizábal o “Padre Pacho” como se le conoce, relata que el desarrollo hidroeléctrico de la región fue abriendo paso a paso una cantidad de proyectos complementarios “a esas grandes obras de infraestructura que se construían en el Oriente, se unió la necesidad  de construir más carreteras, centros de salud e instituciones de educación, pero con limitaciones presupuestales”. Al mismo tiempo se generó, a partir de la decisión en 1960 de inundar la cabecera municipal de El Peñol para la construcción del nuevo embalse, un movimiento cívico cuyo principal objetivo era asegura la supervivencia de las comunidades de San Rafael, Guatapé y El Peñol amenazadas por las aguas de la represa. De esta iniciativa ciudadana surgió un pliego de peticiones y reivindicaciones. Entonces, por la inminente necesidad de ubicarse en una nueva cabecera municipal, para el caso de El Peñol, y de nuevas parcelas para los otros dos municipios se inició una fuerte etapa de negociación con Empresas Públicas de Medellín, responsable del megaproyecto, para lograr soluciones concertadas. Para ello se creó en 1961 el Comité del Peñol compuesto por seis (6) personas: dos (2) representantes de la Gobernación de Antioquia, dos (2) representantes de las Empresas Públicas de Medellín y dos (2) representantes de la comunidad del municipio de El Peñol.

En 1964, los párrocos del Oriente Antioqueño formaron parte del grupo de líderes que solicito a EPM la realización de un estudio socio económico detallado e integral de la zona afectada por las obras del embalse y definiera la nueva ubicación de la cabecera municipio de El Peñol. Se hizo un llamado a las empresas de la zona para que financiaran este estudio bajo la batuta de la Corporación Codesarrollo, una entidad sin ánimo de lucro que en 1961 toma las riendas de esta investigación con miras a incluir los resultados y conclusiones en el Plan Decenal del Oriente Antioqueño. En 1967, Codesarrollo entregó el anteproyecto del Contrato Maestro que fue firmado dos (2) años después. Este contrato contenía un pliego de peticiones aceptado legalmente por EPM, en el cual la entidad se comprometió a prevenir los daños que fueran evitables, racionalizar el proceso de compra de tierras, pagar las respectivas indemnizaciones y construir la nueva cabecera municipal de El Peñol.

Para la década de 1970 se dio pasa a la primera etapa de desarrollo del Contrato Maestro en el cual, además de consignar todas las reclamaciones que el movimiento hacía al Estado y a las Empresas Públicas de Medellín, se agregó una cláusula sobre la negociación directa como mecanismo del derecho civil tendiente a priorizar las negociaciones con el Gobierno antes de que éste ejerciera su autoridad para expropiar tierras que considerara de utilidad pública.

Con la expedición de la Ley 56 de 1981 se estableció que los recursos de la Nación le entrega a la Región por concepto de generación de energía eléctrica y manejo de este recurso no fuera administrado por la empresa propietaria sino por una entidad de la Región. Al mismo tiempo, en el Senado de la República, Gilberto Salazar Ramírez y otros dirigentes políticos estaban presentando un proyecto de ley para la creación de una entidad regional encargada de jalonar el desarrollo, la electrificación rural y el buen manejo de los proyectos en materia ambiental.

Continúa relatando el padre Francisco Ocampo: “a partir de la preocupación por las consecuencias que los megaproyectos podrían generar en la población, un grupo de ilustres antioqueños decidieron crear una entidad suprarregional capaz de direccionar el desarrollo del Oriente en esta época crucial en la historia de la región. Esta entidad que soñaron y luego hicieron realidad los doctores Gilberto Salazar Ramírez, Gilberto Echeverri Mejía, Jorge Rodríguez Arbeláez, Jaime Tobón Villegas, Roberto Hoyos Castaño, por mencionar sólo algunos nombres, tenía como objetivo interactuar con los gobiernos y a la vez llegar a la última vereda, promoviendo no sólo la participación de las comunidades dentro de los proyectos del Oriente sino, también, ofreciendo espacios de asesoramiento y educación ambiental para la generación de proyectos eléctricos, productivos, sociales y ambientalmente sostenibles”.