RESEÑA HISTÓRICA

Al remontarnos a la década de 1970, Antioquia vivía una especial época de transformaciones y de una excepcional turbulencia social y económica que impulsaron los deseos de las clases dirigentes antioqueñas de consolidar en el oriente del departamento megaproyectos de vanguardia. La construcción de un nuevo aeropuerto con mayor capacidad y con expectativas internacionales se estaba gestando en las inmediaciones del municipio de Rionegro. Igualmente, se desarrollaba la construcción de una importante autopista que conectaría a los dos grandes centros industriales, comerciales y políticos del país, Bogotá y Medellín; y finalmente, con la necesidad de obtener mayor potencial y mejorar la distribución de la energía eléctrica del país se llevaría a cabo la construcción de un embalse en el municipio de El Peñol y en los municipios de Guatapé, San Rafael y San Carlos prioritariamente.  Así, el aeropuerto José María Córdova, la Autopista Medellín-Bogotá y el embalse representaría alternativas viables de desarrollo y competitividad para la región. Sin embargo, también ocasionaría grandes impactos  ambientales, socio económicos y culturales en la población.

Francisco Ocampo Aristizábal o “Padre Pacho” como se le conoce, relata que el desarrollo hidroeléctrico de la región fue abriendo paso a paso una cantidad de proyectos complementarios “a esas grandes obras de infraestructura que se construían en el Oriente, se unió la necesidad  de construir más carreteras, centros de salud e instituciones de educación, pero con limitaciones presupuestales”. Al mismo tiempo se generó, a partir de la decisión en 1960 de inundar la cabecera municipal de El Peñol para la construcción del nuevo embalse, un movimiento cívico cuyo principal objetivo era asegura la supervivencia de las comunidades de San Rafael, Guatapé y El Peñol amenazadas por las aguas de la represa. De esta iniciativa ciudadana surgió un pliego de peticiones y reivindicaciones. Entonces, por la inminente necesidad de ubicarse en una nueva cabecera municipal, para el caso de El Peñol, y de nuevas parcelas para los otros dos municipios se inició una fuerte etapa de negociación con Empresas Públicas de Medellín, responsable del megaproyecto, para lograr soluciones concertadas. Para ello se creó en 1961 el Comité del Peñol compuesto por seis (6) personas: dos (2) representantes de la Gobernación de Antioquia, dos (2) representantes de las Empresas Públicas de Medellín y dos (2) representantes de la comunidad del municipio de El Peñol.

En 1964, los párrocos del Oriente Antioqueño formaron parte del grupo de líderes que solicito a EPM la realización de un estudio socio económico detallado e integral de la zona afectada por las obras del embalse y definiera la nueva ubicación de la cabecera municipio de El Peñol. Se hizo un llamado a las empresas de la zona para que financiaran este estudio bajo la batuta de la Corporación Codesarrollo, una entidad sin ánimo de lucro que en 1961 toma las riendas de esta investigación con miras a incluir los resultados y conclusiones en el Plan Decenal del Oriente Antioqueño. En 1967, Codesarrollo entregó el anteproyecto del Contrato Maestro que fue firmado dos (2) años después. Este contrato contenía un pliego de peticiones aceptado legalmente por EPM, en el cual la entidad se comprometió a prevenir los daños que fueran evitables, racionalizar el proceso de compra de tierras, pagar las respectivas indemnizaciones y construir la nueva cabecera municipal de El Peñol.

Para la década de 1970 se dio pasa a la primera etapa de desarrollo del Contrato Maestro en el cual, además de consignar todas las reclamaciones que el movimiento hacía al Estado y a las Empresas Públicas de Medellín, se agregó una cláusula sobre la negociación directa como mecanismo del derecho civil tendiente a priorizar las negociaciones con el Gobierno antes de que éste ejerciera su autoridad para expropiar tierras que considerara de utilidad pública.

Con la expedición de la Ley 56 de 1981 se estableció que los recursos de la Nación le entrega a la Región por concepto de generación de energía eléctrica y manejo de este recurso no fuera administrado por la empresa propietaria sino por una entidad de la Región. Al mismo tiempo, en el Senado de la República, Gilberto Salazar Ramírez y otros dirigentes políticos estaban presentando un proyecto de ley para la creación de una entidad regional encargada de jalonar el desarrollo, la electrificación rural y el buen manejo de los proyectos en materia ambiental.

Continúa relatando el padre Francisco Ocampo: “a partir de la preocupación por las consecuencias que los megaproyectos podrían generar en la población, un grupo de ilustres antioqueños decidieron crear una entidad suprarregional capaz de direccionar el desarrollo del Oriente en esta época crucial en la historia de la región. Esta entidad que soñaron y luego hicieron realidad los doctores Gilberto Salazar Ramírez, Gilberto Echeverri Mejía, Jorge Rodríguez Arbeláez, Jaime Tobón Villegas, Roberto Hoyos Castaño, por mencionar sólo algunos nombres, tenía como objetivo interactuar con los gobiernos y a la vez llegar a la última vereda, promoviendo no sólo la participación de las comunidades dentro de los proyectos del Oriente sino, también, ofreciendo espacios de asesoramiento y educación ambiental para la generación de proyectos eléctricos, productivos, sociales y ambientalmente sostenibles”.

Desde las primeras lluvias de ideas para crear una Corporación en la región, el gobierno nacional expresó su voluntad de oír a los voceros del Oriente Antioqueño para consultar su aprobación o rechazo, siendo esta una condición necesaria para materializar la constitución de dicha corporación. A raíz de la propuesta gubernamental se convocó un foro con los concejales y dirigentes cívicos del Oriente, quienes en un primer encuentro rechazaron la creación de la corporación pues consideraron que ésta era lesiva para los intereses de la región porque se les despojaría de sus atribuciones constitucionales y legales; además que los ingentes recursos del artículo 12 de la Ley  56 de 1981 estarían a cargo de un círculo cerrado de personas. Gilberto Salazar (Q.E.P.D) comentó que “debido al rechazo inicial que suscitó en la región la creación de la Corporación, nos dedicamos Jaime Tobón y yo a recorrernos pueblo por pueblo, a reunirnos en el concejo e explicarles el proyecto de ley  y las facultades que yo tenía como ponente en la Cámara de  cambiar la ley. Esto terminó en un segundo foro en San Carlos donde asistió el Gobernador, Nicanor Restrepo y otros. Entonces, en ese foro ya la gente estaba muy motivada  y mandaron un escrito distinto donde aceptaban el proyecto condicionado a que lo manejáramos en la región y que los municipios fueran los primeros beneficiados”.

Jaime Tobón Villegas también recuerda esta experiencia con un fuerte sentimiento de nostalgia, gratitud y alegría por haber sido parte de esta historia.

 Más tarde se convocó a otro foro y esta vez sí se contó con la participación de todos los actores interesados, donde las inquietudes fueron escuchadas y se brindó un completo marco informativo sobre los fines de la Corporación, su historia y manejo.

Como una de las más importantes conclusiones que se concertó en este foro fue que el manejo de la corporación sería en su mayor parte ejercida por los pobladores de la región, donde los objetivos y alcances estén claramente delimitados y que dichas premisas no lesionen derechos constitucionales.

El resultado fue la Ley 60 de 1983 promulgada un 28 de diciembre, la cual crea la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE, cuyo principal objetivo es “promover y encauzar el desarrollo de la región comprendida bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de los recursos humanos, naturales y económicos con el fin de obtener el máximo nivel de vida de la población”.

En 1994 y con una trayectoria de 10 años, CORNARE vive una situación de privilegio dado que posee no sólo los conocimientos y la experiencia en la planeación y gestión ambiental y territorial, sino que se presenta a sí misma como un modelo para las nuevas Corporaciones que se crean en ese mismo año. Dentro del marco de la nueva Carta Política de 1991 y la expedición de la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece el Sistema Nacional Ambiental, a CORNARE le fueron removidas las responsabilidades de electrificación y desarrollo para delimitar su acción en el campo ambiental y de gestión social.

Durante sus años de existencia, la institución ha recorrido diferentes etapas hasta hoy, constituyéndose como un ente sólido, con carácter propio para ejercer su competencia como Entidad ambiental regional hacia la aplicación de políticas ambientales.

 En su primera fase logró la consolidación institucional de amplio reconocimiento como organización para el desarrollo regional, lo que la fortaleció como líder en el proceso de planificación participativa que produjo el documento “El Oriente Antioqueño hacia el siglo XXI, protocolo para el Desarrollo Regional” y la organización administrativa que permitió la ubicación de Direcciones Regionales para atender directamente los asuntos subregionales. En la actualidad se cuenta con cinco de ellas en los municipios de Rionegro, Guatapé, San Luis, Sonsón y Alejandría, las cuales está recibiendo importante apoyo que permitirá fortalecerlas de cara a las nuevas funciones y responsabilidades.

 Con la Ley 99 de 1993 se genera la transformación para dotar al Estado de los instrumentos de control y regulación ambiental necesarios, dentro del respeto por los principios de concertación y participación en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible y enfatizando en la potenciación de acciones que conduzcan a satisfacer las demandas sociales, siempre en la búsqueda de consolidar el oriente como una región Desarrollada y Más limpia.

 A partir de 1995 y mediante la implementación de sus distintos mecanismos e instrumentos la Corporación ha logrado incrementar los niveles de participación social desde todos los sectores en la gestión ambiental y fortalecer la vinculación de diferentes actores en este propósito, en el fundamento real de la responsabilidad compartida como única vía a la consolidación de una cultura ambiental regional Igualmente y en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, ha participado con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento ambiental, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten, de donde se han establecido instrumentos como los planes de ordenamiento de las subregiones, el plan de Gestión Ambiental Regional, los Acuerdos Ambientales, y convenios de actuación ambiental de diferente índole, con diversos actores.

 A la fecha ha logrado aplicar y poner en acción mecanismos e instrumentos idóneos, que permiten mantener una línea de acción concreta, brindando continuidad a los programas que a lo largo de la historia corporativa han marcado diferencias sustanciales en beneficio de la región, pero igualmente y gracias a un diagnóstico elaborado para el estado de cada uno de los recursos naturales renovables, humanos y económicos se han diseñado propuestas con un norte claro que apuntan a la solución y prevención de la problemáticas ambientales y a la elevación de las condiciones de vida de los pobladores de esta región.

 A su vez y con el fin de lograr el fortalecimiento institucional, se ha implementado el Sistema de Gestión Integral, el cual le ha permitido consolidar un que hacer más eficiente, eficaz y efectivo, mediante procesos organizados y articulados, para un mejor flujo de información para la toma de decisiones, redundando en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios y grupos de interés, la prevención de la contaminación y la optimización de las condiciones de seguridad y salud ocupacional.